Hace cuatro años, Jina Mahsa Amini murió tras ser detenida por la policía de la moral. Una investigación de Naciones Unidas concluiría después que fue sometida a violencia física que provocó su muerte y responsabilizó al Estado iraní de su muerte ilícita. Cuatro años después, la República Islámica sigue en pie. Mujer, Vida, Libertad no cambió la estructura política de Irán, no detuvo la represión ni produjo una alternativa capaz de disputar el poder. Sin embargo, medir lo ocurrido desde septiembre de 2022 ateniéndonos únicamente a la supervivencia del régimen iraní deja fuera una pregunta menos evidente: ¿cuánto le cuesta hoy al Estado conseguir el mismo grado de obediencia?
El hiyab ofrece quizá la mejor respuesta. La obligatoriedad del velo no ha sido derogada y el Estado conserva un amplio repertorio para imponerla: multas, confiscación de vehículos, cierre de negocios, vigilancia digital, detenciones y procedimientos judiciales. Y, sin embargo, cuatro años después, las mujeres sin velo forman parte del paisaje cotidiano de Teherán y de las grandes urbes iraníes.
La ley sigue ahí. Lo que ha cambiado es su capacidad para traducirse automáticamente en conducta social. Porque el poder de castigar y la capacidad para generar obediencia responden a lógicas distintas. Un Estado puede prohibir, detener y sancionar, pero conseguir que millones de ciudadanos asimilen una imposición ideológica en su día a día exige otro tipo de legitimidad o algo mas que capacidad coercitiva. La desobediencia al hiyab existía mucho antes de Mahsa Amini, pero desde 2022 se ha hecho mucho más explícita, y extendida. Para combatirla, el Estado necesita recurrir a una combinación creciente de vigilancia, castigo económico y coerción. La norma no ha cambiado; la relación de una parte de la sociedad con ella, sí.
Y entonces llegó la guerra.
Desde los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, Irán vive bajo una lógica distinta. La seguridad nacional, la supervivencia y el enemigo exterior ocupan el centro de la vida política. Una sociedad sometida además a inseguridad económica, miedo e incertidumbre tiene menos margen para sostener una movilización callejera continuada. Pero la guerra plantea también una paradoja al propio Estado: quien durante años ha tratado a parte de su sociedad como una amenaza interna necesita ahora su cohesión frente a una amenaza exterior.
De ahí que resulte demasiado simple dilucidar si la guerra ha fortalecido o debilitado a la República Islámica. Ha ampliado el espacio para recurrir al discurso de la seguridad y del enemigo exterior, pero también obliga al Estado a administrar recursos y riesgos entre varios frentes: la guerra, el control interno, una economía sometida a una enorme presión y el mantenimiento del orden social.
El hiyab vuelve a actuar como termómetro. En este cuarto aniversario, dirigentes del propio sistema han reconocido que las condiciones de guerra desaconsejan abrir en este momento un frente interno de máxima intensidad en las calles. Mientras, los sectores más conservadores reclaman, al mismo tiempo, una aplicación más estricta de la ley. Esa cautela no debe confundirse con tolerancia ni con un cambio ideológico. Puede ser algo mucho más prosaico: cálculo. Abrir una confrontación masiva con millones de mujeres mientras el país está en guerra tiene un coste. No solo policial y económico. También entraña el riesgo de generar una nueva fuente de descontento cuando el Estado necesita preservar la cohesión interna.
Nada de esto significa que la capacidad represiva de la República Islámica haya desaparecido. Al contrario. Human Rights Watch y el Centro Abdorrahman Boroumand documentaron al menos 59 ejecuciones entre el 18 de marzo y finales de agosto por cargos políticos y de seguridad nacional tras procesos gravemente injustos. Al menos 29 de los ejecutados habían sido detenidos en relación con las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026 y tres estaban vinculados a Mujer, Vida, Libertad.
Ahí aparece una distinción fundamental para entender el Irán actual. El mismo Estado que encuentra mayores dificultades para imponer una norma social a millones de mujeres conserva una enorme capacidad para castigar selectivamente la disidencia política. El poder no se ejerce con la misma intensidad ni de la misma manera en todos los ámbitos Un Estado puede ser extremadamente eficaz encarcelando o eliminando a un opositor y, al mismo tiempo, tener cada vez más dificultades para imponer determinadas normas a millones de personas en su vida cotidiana.
Lo ocurrido este 16 de septiembre en el Kurdistán iraní muestra otra dimensión de esa realidad. En el aniversario de la muerte de Jina, comerciantes cerraron sus negocios en ciudades como Saqez, Sanandaj, Mahabad, Bukan, Oshnavieh, Marivan o Kamyaran, pese al despliegue de fuerzas de seguridad y a las amenazas contra quienes secundaron la huelga. No estamos ante el regreso de una movilización nacional comparable a la de 2022. Afirmarlo sería confundir deseo y realidad. Pero tampoco estamos ante un recuerdo convertido únicamente en conmemoración. Cuatro años después, el nombre de Jina conserva capacidad para movilizar, articular acciones colectivas y generar formas de desobediencia civil.
La gran incógnita no está tanto en el poder que conserva la República Islámica, sino en cuánto necesita ejercerlo para obtener una obediencia que ya no puede dar por sentada. Y esa diferencia importa. Porque si un movimiento no consigue transformar la estructura política, pero modifica las condiciones bajo las que esa estructura puede gobernar a la sociedad, quizá tengamos que preguntarnos de otra manera por su impacto.
